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A continuación textualmente la carta en referencia que habla por sí sola:
Ciudadano:
Tarek William Saab
Defensor del Pueblo
Caracas.-
Nosotros, miembros de la Comisión Taurina del Municipio Libertador del Estado Mérida, su Secretario y los Delegados Taurinos del Alcalde de Mérida, en cumplimiento de nuestro deber y en ejercicio de las atribuciones que nos han sido conferidas por la Ordenanza Taurina de Mérida, nos dirigimos a usted con el objeto de hacer de su conocimiento nuestra opinión sobre la nota de prensa suscrita por la periodista Nora Sánchez, publicada en la página 2 de la edición del martes 30 de junio del Diario Frontera.
1.- Presumimos la veracidad de la información y la tomamos por hecha, puesto que el Diario Frontera es veraz y la periodista Nora Sánchez, una profesional de reconocido prestigio en nuestro medio. Además, a esta fecha, jueves 2 de julio no ha sido desmentida por usted.
2.- Lo primero que dijo usted según la nota de prensa es que las corridas de toros son un espectáculo dantesco. Respetamos su opinión pero no la compartimos. Por “espectáculo dantesco” se entiende en la literatura aquellas escenas que producen horror y hay millones de aficionados taurinos entre los que destacan poetas tan sensibles como Antonio Machado, Federico García Lorca, Andrés Eloy Blanco o Pablo Neruda; pintores como Pablo Picasso y Arturo Michelena; escritores como Gabriel García Márquez, Arturo Uslar Pietri o Ernesto Hemingway; políticos venezolanos, integrantes del partido de gobierno como Hugo Chávez Frías, Omar Meza Ramírez, Saúl Ortega, Luis Pargas Mujica, José Gregorio Vielma Mora, Francisco Ameliach o el tan mencionado revolucionario argentino, Ernesto “Ché” Guevara, por solo nombrar unos pocos que opinan lo contrario de usted y ven en las corridas de toros una altísima expresión del arte más auténtico. En todo caso una opinión suya personal no debiera ser fundamento de una ley en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que usted está en el deber de respetar y defender.
3.- Dice usted que “la tauromaquia legitima el asesinato y por ende se le inculca antivalores a niños, niñas y adolescentes.” Con todo respeto le preguntamos ¿El asesinato de quién? Si se refiere al torero el asesino sería el toro, si se refiere al toro, se coligue que para usted la muerte de un animal producido en forma voluntaria por un ser humano es asesinato, es decir, homicidio; y homicidio al contrario. Su opinión en este caso no la podemos respetar siendo usted el ciudadano que ocupa el cargo de Defensor del Pueblo. El asesinato, de acuerdo con la doctrina jurídica es un homicidio con agravantes. El homicidio sea simple o asesinato siempre es la muerte intencional de un ser humano y confundir este delito con la muerte de un animal es inaceptable en quien ostenta la suprema defensa de los derechos humanos. Usted ofende la dignidad de los toreros y aficionados al calificarnos como asesinos.
4.- Si la tauromaquia legitima el asesinato e inculca antivalores a niños, niñas y adolescentes. ¿De dónde saca usted esas conclusiones? ¿Por qué usted excluye a los adultos? Estamos dispuestos a contrastar las pruebas y estudios científicos en los que usted sustenta esa afirmación, a menos que se trate de otra opinión, en cuyo caso no puede servir de fundamento a una iniciativa legislativa ni a acciones de ninguna naturaleza en contra de las corridas de toros. Le invitamos a hacer un estudio científico conjuntamente con la Escuela de Criminología de la Universidad de Los Andes, o designemos a un equipo de expertos y analicemos la conducta de aficionados taurinos y de sus hijos que van a las corridas de toros y sus tendencias criminales. Contrastemos esos resultados con el estudio de la afición taurina de los procesados y condenados por homicidios y asesinatos que se encuentran en las cárceles. Luego sí se podría, con base, impulsar una iniciativa que proteja o condene las corridas, no por una apreciación subjetiva suya.
5.- Dice usted que la Ordenanza pretende obligar a los niños, niñas y adolescentes a presenciar el asesinato de animales. No, es usted el que comete el imperdonable error de calificar la muerte de un animal como un delito de homicidio calificado o asesinato, además, la posibilidad del ingreso de niños, niñas y adolescentes a las corridas de toros no corresponde a una obligación sino a una facultad que fue sentenciada en fecha veintiséis de enero de dos mil diez y declarado firme en fecha cuatro de febrero del mismo año, el Tribunal para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en su Sala de Juicio Nº 1, Expediente Número 21.182 y cuya dispositiva, que por cierto es una homologación de lo acordado por la Defensoría del Pueblo delegada en Mérida, está copiada fiel y textualmente en la Ordenanza Taurina de Mérida. Por el contrario, Quien pretende negarle a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio pleno de los derechos que le consagra la Constitución y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es usted al tratar de impedir que asistan a las corridas como lo hemos hecho nosotros desde niños, nuestros niños y, en algunos casos, nuestros nietos, y los niños y niñas de Mérida que han tenido pasión por lo taurino y que salvo usted y muy contadas personas no entienden ni quieren entender que el mayor bien es la libertad, esa libertad que quieren coartarle a los niños, niñas y adolescentes sobre la base de opiniones falsas (homicidio de un animal) o supuestos infundados.
6.- Existe un aspecto constitucional y legal previo que usted debe conocer y es que la competencia en materia de espectáculos públicos es municipal, por lo cual no le compete a la Asamblea Nacional, ni a la Defensoría del Pueblo como institución nacional conocer de esta materia, sino a los municipios. Desde el punto de vista competencial, el Derecho Administrativo nacional es claro al señalar que compete al Municipio la legislación y gestión de las materias de su competencia, de conformidad con el artículo 168 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 4, numerales 5 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, por ser los Municipios unidades políticas primarias que gozan de plena autonomía y no están sujetas a órdenes de otros poderes u organismos; ergo, de la Defensoría del Pueblo.
7.- La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su preámbulo a la cultura como uno de los fines supremos del Estado, razón por la cual el Título III de la misma consagra los Derechos Humanos y sus garantías, entre los que se encuentran los derechos culturales, siendo, por la vía del artículo 23, de aplicación preferencial los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, entre los que cuentan los arriba señalados. Consolida, además, la consagración de la Cultura en el Estado Venezolano, cuando los artículos 98, 99, 100 y 101 de la Carta Magna disponen la libertad de cultura, la irrenunciabilidad de los derechos culturales, la protección de la cultura y la difusión de la misma por parte de los órganos estatales, por lo cual los Derechos Humanos no pueden ser objeto de prohibición ni ser sometidos a consulta.
8.- Las iniciativas contrarias a la Tauromaquia por parte de autoridades nacionales, regionales o locales, son manifiestamente ilegales y entrañan en principio, responsabilidades penales y civiles, tanto a nivel personal como institucional, por violentar leyes nacionales e incluso preceptos constitucionales.
En Mérida, a los 02 días del mes de julio de 2015.
La Comisión Taurina del Municipio Libertador del Estado Mérida
Jorge Augusto Bustamante Calderón
Presidente
Francisco A. de Jongh Sarmiento
Vocal
Iván Daniel Lobo Dávila
Vocal
Hernán Enrique López Añez
Vocal
Omar José Quintero Cárdenas
Vocal
Carlos Eduardo Rosales Oballos
Secretario
Miguel Rondón Nucete
Asesor Técnico
Eugenio Salas Mora
Veterinario
Los Delegados del Alcalde para Asuntos Taurinos
Fortunato González Cruz Jorge Valecillos Velandia
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